Parecía claro que habían retirado el polémico artículo 17bis. Incluso el ministro de industria aseguraba que no permitiría que las entidades de la (calaña) SGAE y compañía se saliesen con la suya.
Pues vale. Si te gusta el arroz con leche, ahí te doy un ladrillo. Extracto de la noticia en el diario El Pais:
"Ayer, los miembros del CATSI recibían la documentación para preparar la reunión que mantendrán el próximo 26 de abril. En el tercer punto del orden del día, aparece un documento titulado "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet".
El anteproyecto es, en esencia, el artículo 17 bis. Y va más allá. Además de permitir que las entidades insten al cierre de web, les da licencia para que hagan lo propio con los "infractores" que usen sistemas P2P de intercambio de archivos, como Emule o Bittorrent. En la notificación se incluirá la dirección IP [el identificador único de un ordenador conectado a Internet], que es un dato de carácter personal protegido por la ley española. El cliente tiene cinco días para responder, y no se aclara si con este sistema se podría denunciar no sólo a las web que contienen enlaces a material protegido sino a los usuarios particulares que hacen uso de esas redes."
Asco de clase política...END.
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